PETICIÓN JUDICIAL POR URGENCIA EN RIESGOS EMINENTES EN PROPIEDAD PRIVADA.
Por: Enrique Ocrospoma

A propósito de la calamidad que deja en daños materiales, y principalmente, en vidas humanas el horrible incendio en la Galería Nicolini-las Malvinas del Cercado de Lima; es oportuno reflexionar en torno a la fiscalización de las entidades municipales; obvio, si tenemos en cuenta que sí fue realizada por funcionarios ediles. Caso contrario, habría una grave responsabilidad administrativa y/o penal por omisión de funciones.

En ese sentido, no existe inconveniente, cuando la administración municipal, hasta con auxilio de la fuerza pública, clausura, demuele y/o retira elementos en vía pública que pueda perjudicar al ornato y a la salud o la propia vida de las personas. Ya hemos visto varios reportajes de diversas municipalidades, demoliendo escaleras o cocheras informales en la vía pública; amparados en la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 27972, la Ley 27444, Ley del procedimiento Administrativo General y la Ley de Ejecución Coactiva, Ley 26979 (TUO D.S. 018-2008-JUS)

Sin embargo, el panorama cambia cuando el control o la fiscalización municipal se trata en lugar de dominio privado o de propiedad privada, como es dentro de una galería comercial. Cabe entonces preguntarse: ¿Es eficaz la fiscalización municipal para clausurar, retirar y/demoler elementos en propiedad privada, cuando está en juego la salud, la vida o peligro eminente a las personas? ¿Tiene facultades para ello?

En primer, lugar hay que precisar que las disposiciones acotadas, dan una amplia competencia a las municipales para dicha actuación, y en segundo lugar, con mayor razón cuando se observan de estricto cumplimiento como las normas de inspección técnica en Defensa Civil, regidos por D.S. 058-2014-PCM.

A pesar de ello, en el caso práctico concreto, no es eficaz, dado que para cumplir el artículo 196 de la Ley 27444 y artículo 13.7 de la Ley 26979; es decir, la posibilidad de ingreso de un Ejecutor Coactivo con la fuerza pública, en locales privados  o en propiedad privada para ejecutar paralizaciones de obra, demolición o reparaciones urgentes, suspensión de actividades, clausura de locales públicos, u otros actos de coerción o ejecución forzosa, vinculados al cumplimiento de obligaciones de hacer o de no hacer, y siempre que la fiscalización de tales actividades sea de competencia de la Entidad y se encuentre en peligro la salud, higiene o seguridad pública así como en los casos en los que se vulnere las normas sobre urbanismo y zonificación, se requiere AUTORIZACION JUDICIAL en cumplimiento del artículo 2 numeral 9 de la Constitución Política. Este bloque constitucional es correcto para evitar abusos y excesos de funcionarios que se puedan exceder, no obstante limita una actuación rápida y eficaz para frenar el riesgo eminente contra la salud o la vida de las personas.

Es por ello, que urge una modificación de la Ley de Ejecución Coactiva y el Código Procesal Civil para regular el procedimiento de urgencia, que no podrá pasar más de 24 horas para que sea autorizada por un Juez de Turno, bajo su responsabilidad; con las garantías, que se deben mantener en caso de abuso o error, sino siempre vamos a tener que apenarnos por las tragedias y muertes. Y peor aún, desconfiando de la autoridad en el caso que haya cumplido su papel controlador. De esta manera, sería una buena lección preventiva dirigida a los permanentes infractores que ponen en riesgo su salud y su vida y de otros.